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El Estado acumula ya 39 arbitrajes ante el Ciadi, el organismo del Banco Mundial
El goteo de demandas contra España por el recorte de retribución a las energías renovables no cesa.
El grupo alemán White Owl Capital (WOC) ha instado un nuevo arbitraje contra España ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), organismo englobado en el grupo Banco Mundial.
La demanda fue registrada el martes ante la secretaría general del organismo, según consta en la página web del Ciadi. La demanda de arbitraje fue presentada por un total de 36 sociedades, de las que nueve son de nacionalidad alemana y las otras 27, españolas, aunque todas forman parte del grupo WOC, centrado en inversiones en energías renovables y con intereses en España, Francia, Italia y Alemania.
Las compañías alegan que los recortes de retribución realizados a las plantas de energías renovables en España violan el Tratado de la Carta de la Energía. La información facilitada por el Ciadi no incluye la cuantía de la demanda y fuentes cercanas al caso consultadas por este diario declinaron cifrar la reclamación.
WOC ya participó en una demanda contra España (el caso de PV Investors), el primero de los planteados, en el que la indemnización concedida, 90 millones, fue muy inferior a las pretensiones de los demandantes, de 1.300 millones.
En aquel caso, los inversores no se dirigieron al Ciadi sino a Uncitral, organismo de arbitraje dependiente de la ONU.
España se ha convertido en uno de los países con un mayor número de demandas de arbitraje por parte de inversores internacionales ante el Ciadi. Suma 42 desde 1997, pero la inmensa mayoría se han presentado en la última década, desde que en 2013 abrieron el fuego los fondos RREEF y Antin, vinculados a Deutsche Bank y BNP, respectivamente. En menos de 10 años, España ha sumado 39 reclamaciones por los recortes a las primas a las energías renovables decretados por el Gobierno de Mariano Rajoy. Otra decena se han dirigido a otros foros.
Las reclamaciones llegaron a rondar los 10.000 millones. El Estado ha sufrido algunas derrotas severas en los arbitrajes, pero luego ha ido conteniendo los daños y ha evitado los desembolsos. Por una parte, con la victoria o una derrota por la mínima en parte de los litigios. Por otra, con una oferta de una retribución suplementaria a los inversores que renunciasen a sus acciones legales.
Fuente: elpais.com
