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El CSN pide al Gobierno que sancione a la central de Garoña

El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha pedido a la Cartera dirigida por Teresa Ribera que sancione a la central de Garoña por el “incumplimiento reiterado” de los procedimientos de protección radiológica. Como no ha tenido repercusión en la seguridad de los trabajadores, el organismo reclama una sanción leve, que alcanza hasta los 300.000 euros.

Las centrales nucleares están sometidos a numerosos controles periódicos de seguridad. Uno de ellos, denominado Alara -acrónimo de la expresión inglesa “As Low as Resonably Achievable” (tan bajo como sea posible)-, se deriva de un estándar establecido por la Comisión Internacional de Protección Radiológica para controlar la radiación de las instalaciones, que también se aplica a hospitales o industrias, adaptándose a cada caso.

El estándar de Alara, establecido para poder comparar los resultados de unos países y otros, es la base de la normativa de cada país -en España, por ejemplo, incluye también el Reglamento de Protección Sanitario contra Radiaciones-, y abarca elementos adicionales a la mera medición de la radiactividad, como la formación de los trabajadores o las buenas prácticas laborales. Además, está sujeto a inspecciones específicas por parte del CSN.

A grandes rasgos, aplicando el estándar Alara, las instalaciones radiactivas registran y hacen un seguimiento de las dosis de sus trabajadores de forma individual y colectiva, cotejando estos datos con sus previsiones para adoptar medidas en caso de que sea necesario.

Aunque la central de Santa María de Garoña (Burgos) se encuentra en situación de cese definitivo de explotación desde julio de 2013, y a la espera de iniciar los trabajos de desmantelamiento, sigue siendo una instalación radiactiva y en ella se acometen trabajos sujetos a controles periódicos de seguridad radiológica, como el Alara.

Pues bien, el Pleno del CSN de la semana pasada ha decidido proponer al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) que abra un expediente sancionador al titular de la central, Nuclenor, filial al 50% de Iberdrola y Endesa, por “el incumplimiento de forma reiterada del manual de protección radiológica en cese de explotación, en lo relativo a las responsabilidades del programa Alara”.

Según se desprende de la inspección realizada por el CSN entre el 26 y el 28 de marzo del año pasado en la central burgalesa, exclusivamente para revisar la aplicación del protocolo Alara, Nuclenor ha cometido varias irregularidades; la más importante, no haber aportado información sobre el indicador “dosis acumulada operacional” de su personal desde el año 2018.

Sobre los resultados de un año antes, 2017, aportó información sobre los valores de 42 trabajadores, de los que dos tenían unas dosis próximas al control administrativo de dosis, concretamente, de 4,225 mSv en el caso de un empleado de Proinsa y de 4,350 mSv en el de un trabajador de otra empresa sin identificar.

El inspector tampoco halló un registro de las desviaciones de dosis entre las actividades planificadas y las realizadas; ni criterios como la dosis máxima individual estimada, la contaminación superficial desprendible, la contaminación ambiental o los niveles de radiación; ni el establecimiento de un objetivo de dosis máxima individual por parte del Director en función de los trabajos a desempeñar; ni tampoco de ciertas órdenes de trabajo, entre otros elementos necesarios para cumplir el protocolo Alara, cuya ficha de aprobación no cuantifica los riesgos de contaminación de la actividad.

Ahora bien, como todas estas carencias documentales no han tenido repercusión en la seguridad de las personas, del medio ambiente o de la instalación -según se conoce por otro tipo de inspecciones-, el CSN considera que la infracción cometida por Nuclenor tiene carácter leve, vinculada a una sanción de 15.000 a 300.000 euros.

El Miteco y ha recibido el expediente remitido por la Autoridad nuclear y la está analizando para abrir el correspondiente procedimiento; los plazos son variables y aún no hay una estimación sobre su duración.

Fuente: eleconomista.es

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